Manifestantes de Israel protagonizaron una masiva protesta este jueves en contra de la reforma judicial propuesta por el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu. La primera parte de la iniciativa fue aprobada este lunes y ciertos sectores de la política israelí buscarán frenar su avance.
Las manifestaciones del jueves por la noche estuvieron custodiadas por un numeroso operativo de seguridad implementado por la Policía, cuyos agentes no intervinieron en acciones represivas debido a que no hubo incidentes ni cortes de tráfico en las grandes autopistas, como ocurrió en otras ocasiones.
El jefe de la Policía israelí, Kobi Shabtai, prometió una buena predisposición por parte de las fuerzas de seguridad, que permitirán el desarrollo de las protestas que no causaran violencia ni perjudicaran el orden público. “La Policía de Israel es apolítica y trabaja para todo el público mientras mantiene sus valores”, aseguró.
Israel: en qué consiste la reforma judicial
Esta semana, el oficialismo de Israel -integrado por ultraortodoxos y ultraderechistas- aprobó un proyecto que le quita poderes al poder judicial del país: los jueces no podrán implementar los estándares de “razonabilidad” para analizar decisiones tomadas por el Gobierno.
Además, el plan busca cambiar el sistema de elección de jueces. De esta manera, se otorgará la posibilidad de que los ministros puedan instalar a políticos como asesores legales en sus carteras.
El primer ministro, involucrado en supuestos hechos de corrupción, decidió frenar el proyecto y entablar una mesa de negociaciones, idea que fue rechazada por los sectores de la oposición.
Israel: se revisarán apelaciones contra la reforma
El Tribunal Supremo de Israel confirmó este miércoles que abordará varias apelaciones presentadas contra la aprobación por parte del Parlamento de llamada ‘cláusula de razonabilidad’, uno de los puntos clave de la controvertida reforma judicial presentada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que desató masivas movilizaciones durante los últimos meses.
Está previsto que el máximo tribunal aborde estas apelaciones en septiembre, mientras que el Gobierno tendrá que presentar su postura por escrito 10 días antes.
La decisión de fijar estas audiencias para abordar las apelaciones contra la cláusula, que impide que los tribunales usen los estándares judiciales de ‘razonabilidad’ para analizar las decisiones del Gobierno, no incluye, sin embargo, un congelamiento de su aplicación, por lo que hoy entró en vigencia como estaba previsto.
Fuente: Ambito
