El gobierno nacional dio un paso más en la “guerra” contra las empresas de medicina privada y obliga a las más importantes del sector a retrotraer el precio de las cuotas a diciembre, sólo ajustado por inflación. Esto implica que deberán recortar aproximadamente la mitad de lo que subieron desde la desregulación dispuesta por Javier Milei, que ahora vuelve sobre sus pasos y aplica una intervención total en el mercado.
“Por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC a partir de allí”, anunció este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni.
Esta medida alcanza a las empresas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, de acuerdo a la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio. La duda es qué sucede con el resto de las compañías, que aplicaron aumentos similares. El grupo de empresas involucradas responde a que son las señaladas en la denuncia original presentada por Lilita Carrió.
“Deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para aplicar las cuotas por los próximos seis meses. Esto es el resultado de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización”, agregó el funcionario, que cuestionó las medidas especulativas del sector privado.
Adorni anunció también que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar para que la Justicia obligue a las empresas de medicina prepaga “a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha”.
Adorni dijo que la medida aplicada por Economía “es de aplicación inmediata” y que las empresas podrán apelarla pero no se suspenderá. “Las cuotas que lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023 ajustadas por el IPC hasta aquí. Entendemos que va a ser una reducción considerable de las mismas que pagaron en este mes de abril”, agregó.
Por otro carril corre la denuncia de la Superintendencia de Salud. La medida cautelar presentada por este organismo para que las empresas de medicina prepaga retrotraigan los precios a diciembre, pide además que se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses. La denuncia es por abuso de posición dominante y abuso de derecho.
En este caso abarca inicialmente a un universo de 18 prepagas que contemplan casi el 90% de los beneficiarios de este servicio: Medicina Esencial, Accord Salud, Prevención Salud, Hominis, Avalian Federada, Salud SIPSSA, Hospital Italiano, OS Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor Jerárquicos, Salud Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint y Galeno.
“No se trata de una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia” dijeron a LPO desde el organismo.
Desde que el Gobierno desreguló el mercado de las prepagas en diciembre, las empresas aplicaron subas de alrededor de 150% en promedio. La inflación acumulada en el período es en torno al 70%, por lo que la medida oficial implicaría que esas firmas deberían recortar a la mitad los aumentos.
La decisión del gobierno se da un día después de la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), también apuntada en la resolución de Comercio. En ese texto se les solicita a las empresas que no intercambien información en el marco de las reuniones de las UAS.
“Las prepagas se pasaron de rosca”, afirmaron a LPO fuentes del oficialismo que anticiparon que el gobierno decidió ir a fondo contra el sector, al que acusa de “abusar” de la decisión de liberar el mercado.
Fuente: La Politica Online
