La ley que le da poder al sindicato de encargados de edificios para controlar los consorcios podría modificarse. Una comisión aprobó un despacho impulsado por el macrismo que en las próximas semanas será tratado en el recinto y con el que se busca introducir varios cambios a la norma, que fue rechazada por los consorcistas por considerar que podría llevar a un aumento en las expensas.

El despacho se basó en el proyecto que envió el Ejecutivo porteño hace más de un mes, aunque con varias modificaciones. Con todo, organizaciones de consorcistas insisten con que la norma debe ser directamente derogada, y ya juntaron más de 18.000 firmas de vecinos.

Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista, aseguró al diario Clarín: “Se elaboró un texto que, aunque atenuado, mantiene la irritante injerencia del gremio de encargados en las relaciones entre los propietarios y administradores. Llama la atención la falta de sensibilidad de todos los funcionarios involucrados en la producción de ese engendro legal, no se dan cuenta de la repulsa que provoca en la población”.

Al cierre de esta edición, la organización ya había juntado 18.070 firmas del petitorio de derogación de la norma, publicado en su página www.ligadelconsorcista.org.

Todo empezó el 3 de diciembre pasado, cuando se aprobó en la Legislatura la creación del Consejo de Propiedad Horizontal, destinado a regular toda la actividad de los consorcios porteños, incluido el cobro de la matrícula y hasta sanciones a los administradores.

El punto polémico es que tres de los 11 integrantes de la comisión directiva respondían directamente al gremio SUTERH, de los encargados, otros tres eran de dos cámaras de administradores cercanas al sindicato, y otro del flamante sindicato de empleados de administraciones. Por ese motivo, el SUTERH podía acceder fácilmente a una mayoría de seis, y así controlar el organismo imponiendo nuevos costos o cobrando las matrículas, lo que aumentaría los gastos de los edificios.

El Ejecutivo dio marcha atrás tras la polémica y, en lugar de reglamentar la ley, envió un proyecto modificatorio, por el que bajan de tres a dos los puestos para el gremio en el directorio, y se elimina el que le correspondía al sindicato para empleados de administradores. Esos dos puestos quedarían ahora para el Estado, y la presidencia del Consejo, para el director de Defensa del Consumidor de la Ciudad.

Fuente: La Razón