Se cortó el diálogo entre Nación y Ciudad de Buenos Aires en torno al decreto de Alberto Fernández que dispuso, en septiembre del año pasado una poda significativa de los fondos que estaban asignados al distrito porteño por el traspaso de parte de la policía Federal a su órbita.

Para el Gobierno nacional, el monto se calculó en exceso durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. Para la Ciudad, Nación toma cifras de 2016 que consideran “período de transición para el traspaso”, y deberían tomar “lo que se gastó en 2015 para la Policía”.

Convocada por la Corte Suprema se realizó una nueva audiencia ayer con la intención de limar esas diferencias, pero se trabó toda negociación y ahora decidirán los jueces.

Aquel decreto luego se transformó en ley y esa ley consolidó la decisión de asignar una suma anual fija por la transferencia, ya no puntos de coparticipación que se liquidan “por goteo” automáticamente. También la norma definió que a partir de su promulgación, Ciudad y Nación se reunirían para acordar un monto definitivo.

Horacio Rodríguez Larreta, tras la publicación del DNU presidencial, cuestionó ante la Corte Suprema la constitucionalidad de esa norma y luego extendió el mismo reclama en referencia a la ley cuando fue aprobada por el Congreso de la Nación.

El máximo Tribunal tomó este año el reclamo y llamó a audiencias de conciliación, como la de ayer, pero no logró un acuerdo.

El acta del encuentro reflejó que no hubo avance significativo y así se dejó sin efecto la suspensión de los pasos procesales, por lo cual el Gobierno Nacional cuenta con 60 días hábiles para responder a la demanda de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno porteño había rechazado tres invitaciones de Martín Guzmán para dialogar como especifica la ley. Solo aceptó una, hace dos semanas, en el marco de la convocatoria de la Corte Suprema.

La sutileza sobre en qué términos se discute, rompió las instancias. Desde la Ciudad aseguran que Nación solamente está dispuesta a “dialogar” en los términos de la ley y que esos términos son precisamente los que rechazan, en principio considerándolos anticonstitucionales.

Para las cuentas del distrito porteño, en los últimos siete meses, desde que el 10 de septiembre se firmó el decreto de la discordia, perdió $40 mil millones y recibe solamente $2 mil millones, que es lo que fijó la ley en cuestión.

La Ciudad busca que se definan tres cuestiones que considera esenciales en la discusión, como el monto mismo de la transferencia, el mecanismo de actualización del mismo y el mecanismo de la transferencia de esos fondos, que quiere que sea de forma automática como la coparticipación y no una suma “arbitraria” en el presupuesto nacional de cada año.

Del Gobierno de la Ciudad, concurrieron el procurador porteño Gabriel M. Astarloa; el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan. Del Gobierno nacional estuvieron los abogados del Ministerio de Economía Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson.

Fuente: Ámbito