Los legisladores ratificaron en la sesión ordinaria de este jueves el convenio por el cual la Ciudad Autónoma traspasa sin cargo a la provincia de Buenos Aires más de 58 hectáreas en el partido de La Matanza, con afectación a planes de desarrollo urbano y social para 12.000 personas.

Se trata de terrenos donde se emplazan los barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis y las villas popularmente conocidas como Puerta de Hierro y San Petersburgo.

Esas tierras fueron originalmente del Estado nacional, donde en 1969 se emplazaron asentamientos precarios. En 1973 los predios se transfirieron al Instituto de la Vivienda de la entonces Municipalidad de Buenos Aires para ser utilizados con fines de urbanización social. Sucesivas instalaciones irregulares de pobladores convirtieron a la zona en una heterogénea barriada.

En 2021, el Instituto de la Vivienda de CABA, la Municipalidad de La Matanza y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) suscribieron el convenio homologado por el Poder Legislativo de la Ciudad, que también considerará el H. Concejo Deliberante matancero. Es a los efectos de poder transferir los inmuebles a la OPISU a título gratuito y con afectación a planes urbanísticos y regularizaciones dominiales de moradores.

En el despacho de la iniciativa intervinieron las comisiones legislativas de Vivienda y de Presupuesto, que presiden los diputados Cecilia Ferrero (VJ) quien este mediodía en el recinto fue miembro informante, y Claudio Romero (VJ). La votación resultó afirmativa por unanimidad de los 52 legisladores presentes.

El convenio fue aprobado por unanimidad, con 52 votos a favor del interbloque Juntos por el Cambio y de los bloques Frente de Todos, Frente de Izquierda y La Libertad Avanza.

Para que la transferencia sea efectiva, el acuerdo deberá ser aprobado también por el Concejo Deliberante de La Matanza.

Según Télam, la legisladora Cecilia Ferrero, del bloque Vamos Juntos, explicó que los barrios que hoy existen en el predio se crearon en 1969 como «núcleos habitacionales transitorios con viviendas precarias» a donde el gobierno militar llevaba a los habitantes de las villas porteñas «con la promesa de que luego tendrían una vivienda digna».

En ese sentido, agregó que el convenio entre la ciudad y la provincia es un «avance en la consolidación de tantos derechos vulnerados para tantas personas».

También tomó la palabra Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, y dijo que acompañaría el convenio pero agregó que «los vecinos de los barrios afectados hicieron una aclaración: la situación precaria en que viven no tiene que ver con que no se hayan transferido las tierras, si no con gobiernos que no hicieron su trabajo».

A su turno, Javier Andrade, del Frente de Todos, dijo que su bloque votaría a favor del acuerdo porque en esas tierras «viven 12 mil personas» que «tendrán la posibilidad de titularizar sus viviendas».