El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta confirmó este viernes, en el marco de una audiencia pública, un aumento del 40% en el costo del pasaje del subte, elevando el precio de 30 pesos a 42, cuya suba entrará en vigencia a fines de septiembre.

La decisión fue anunciada por Mauro Alabuenas, presidente de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires, mientras se desarrollaba la instancia consultiva. Allí, los sectores interesados debatieron el nuevo cuadro tarifario, aunque dicha audiencia no es vinculante y la determinación final dependía del Ejecutivo

“El sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires debe ser tomado de manera integral y las tarifas de ese sistema deben estar en equilibrio”, sostuvo Alabuenas. Para justificar el aumento, indicó que los costos operativos del servicio crecieron un 159% desde abril del 2021.

Además, también se registró una caída en la venta de pasajes, debido a la pandemia. “Todos esos aspectos hacen necesaria una actualización del 40% del boleto para garantizar el buen funcionamiento del servicio y orientarse a un sistema de transporte público sustentable”, remarcó.

Críticas del FIT y de sindicalistas

“Es la primera vez en 50 años que no hay una estación de subte en obra”, enfatizó Alejandrina Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. En efecto, su partido se opone al aumento de precios y la forma en que el Gobierno porteño administra la concesión del servicio.

En concreto, Barry opinó que Larreta otorgó “privilegios” a la firma Emova Movilidad, una empresa del grupo Benito Roggio Transporte, que está a cargo del servicio. Para otra colega del FIT, Amanda Martín, esto es un “tarifazo”, porque “llevar el pasaje a $42 es un golpe al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores”. Acto seguido, pidió estatizar el servicio.

Desde el gremialismo también hubieron voces en contra del aumento. Claudio Dellecarbonara, miembro de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro, calificó a la audiencia pública como una “pantomima”, ya que el Ejecutivo tenía “la decisión tomada”.

“Una de las mayores falencias de esta audiencia es que no tiene en consideración a los que bancamos todos los días al subte: los trabajadores y las trabajadoras, y los usuarios y las usuarias”, puntualizó.

Este no es el primer conflicto donde Dellecarbonara y sus compañeros confrontan a las autoridades porteñas: su gremio protagonizó la denuncia por la presencia de asbesto en vagones de la Línea B del subterráneo, que causó polémica por el posible daño en la salud que puede ocasionar ese contaminante.

Fuente: Ambito