La transferencia de atribuciones de gobierno de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, espera lograr antes de fin de año sumar dos nuevos peldaños, ya que la Legislatura porteña sancionará la creación de la Policía local y en el ámbito judicial se firmarán convenios para el traspaso de algunas las competencias mientras el Congreso se aboca a la modificación de la Ley Cafiero.

La ley de Seguridad Pública, que le dará el marco normativo a la nueva fuerza policial de la Ciudad, fue enviada por el Gobierno de la Ciudad a la Legislatura, donde desde hace semanas se realizan reuniones de comisión para que, en principio los asesores y posteriormente los diputados, debatieran en detalle los distintos capítulos que conforman el texto de la ley.

“El proceso comenzó con la exposición del ministro Martín Ocampo en la Legislatura y desde entonces se realizaron varias reuniones en las cuales los bloques de la oposición plantearon dudas y propuestas a la redacción de la ley”, explicó a Télam el diputado Juan Pablo Arenaza, que preside la comisión de Seguridad.

El legislador sostuvo que “a partir del debate, invitamos a la oposición a votar esta ley que va a regir todo lo que tenga que ver con la seguridad, como la creación de la Policía, por lo que creemos que es una ley fundacional que tiene que ver con la autonomía de la Ciudad”.

Según precisó, una de las incorporaciones que se efectuaron tiene que ver con la propuesta del diputado del socialismo Roy Cortina para la conformación de un Mapa del Delito de la Ciudad que recopile, procese y analice la información concerniente a las actividades criminales que se desarrollan en el territorio porteño.

El proyecto, en tanto, volverá a convocar en la semana a diputados y funcionarios, y se estima que el viernes podrá obtener un dictamen favorable de las comisiones parlamentarias para ser girado al recinto a mediados de noviembre.

Por otro lado, la transferencia de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires permanece en debate en el Congreso a propuesta de un proyecto firmado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el cual plantea modificaciones a la ley 24.588 sancionada en 1995, conocida como “Ley Cafiero”, que estableció límites a la plena autonomía de la Ciudad en materia de Justicia, la regulación del transporte y el puerto.

No obstante, la Ciudad y la Nación trabajan en la redacción de cinco convenios que permitan ir avanzando en el proceso de traspaso de algunas de las competencias judiciales a la órbita porteña hasta que el Parlamento nacional apruebe la ley marco.

El subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, informó a Télam que se preparan convenios que contemplan la transferencia de partidas para la constitución de un Tribunal de Consumidores, otro dos para el traspaso de la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble y dos restantes para la transferencia de competencias penales y laborales.

“La transferencia va a ser progresiva y primero se va a comenzar con los juzgados vacantes que serán unos 20 del fuero penal y otros 30 del laboral, para después si completar la autonomía de la Ciudad”, precisó.

Y remarcó que “se van a respetar todos los derechos laborales de los funcionarios y empleados que vayan a ser incorporados en la justicia de la Ciudad como la intangibilidad de las remuneraciones, las jerarquías, la obra social y el sistema de jubilación”.

Para concretar esta primera etapa de las transferencias, los cinco convenios deberán ser firmados por la Nación y la Ciudad, así como se requerirá la ratificación tanto del Congreso como de la Legislatura porteña, algo que estimaron que pasará antes de fin de año.

Fuente: Diario Z