El Máximo Tribunal deberá resolver en las próximas semanas dos temas clave de la agenda política: los planteos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de Medios y la reforma al Consejo de la Magistratura.

Con la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal de declarar admisibles los recursos extraordinarios presentados por el Estado Nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Grupo Clarín en el marco de la causa abierta por el planteo de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de Medios, dos temas clave de la agenda política llegaron a la Corte Suprema de Justicia en menos de 24 horas.

A la resolución de la Cámara adoptada este viernes le antecedió el jueves la decisión del máximo tribunal de declarar admisible el recurso de per saltum interpuesto por el gobierno nacional para que se resuelva “en forma urgente” el planteo de inconstitucionalidad sobre la ley que habilita la elección popular de parte de los 19 integrantes del Consejo de la Magistratura interpuesto por el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo.

Así, y tal como se preveía, ya quedaron en manos de la Corte Suprema la plena aplicación de la ley de Medios de la democracia y una parte clave de la reforma judicial impulsada desde el gobierno nacional.

El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, admitió semanas atrás que la Corte resolverá antes de las elecciones previstas para octubre próximo el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Clarín sobre el denominado paquete de desinversión de la ley de Medios.

Aunque fue aprobada en 2009, el espíritu rector de la ley, combatir los monopolios, sigue congelado debido a la judicialización de la norma.

En la misma línea, el freno judicial a la reforma del Consejo de la Magistratura obliga a la Corte Suprema a expedirse contrarreloj. Es que los tiempos electorales corren y en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fijadas para el 11 de agosto próximo marcarán el primer paso en la elección popular de los consejeros.

La decisión de los distintos sectores de la oposición de judicializar la sanción de leyes que no pudieron frenar en el Congreso de la Nación, fue fuertemente criticada desde el oficialismo. Incluso la presidente Cristina Fernández ironizó en un acto celebrado en enero pasado y luego de que la justicia frenara la decisión del gobierno nacional de avanzar en la recuperación del predio ferial de Palermo vendido durante el menemismo a la Sociedad Rural Argentina, aseguró que comenzaba a surgir en la Argentina “una nueva rama de la justicia, la justicia cautelar”.

El freno a la reforma del Consejo de la Magistratura motivó también que desde el oficialismo acusaran a los distintos sectores de la oposición de intentar conseguir en la justicia no que no logra obtener en el Congreso de la Nación y por esa vía desconocer la voluntad popular expresada a través de sus representantes en el Parlamento.

Fuente: Minuto Uno